Noticias

Caso Cascada. La bola de nieve financiera

17 de febrero 2014

La intrincada estructura de las empresas que lidera Julio Ponce, así como las “ingeniosas” operaciones financieras entre ellas, “no habrían perseguido el interés social y perjudicarían el correcto funcionamiento del mercado de valores”, según la SVS. 

Fuente: Revista Ercilla, edición febrero de 2014. Extracto entrevista a Fernando Cabello por Álvaro Mociño Maggiolo

MODUS OPERANDI

Fernando Cabello, Director Ejecutivo de FC Group Advisory, Consultora de Negocios explica que la estructura corporativa conocida como “cascada” “surge de un proceso de ir creando empresas cuyo principal activo es la empresa de abajo sobre la cual se posee un porcentaje de su propiedad. Es decir, se crea una empresa B, dueña a su vez de parte de la empresa A, y así sucesivamente”.

Cabello añade que de esta forma “se puede llegar a una estructura compuesta por muchas sociedades relacionadas, donde generalmente la empresa de más abajo es la única que participa en la economía real (SQM), es decir, la que genera utilidades producto de sus actividades, que luego son distribuidas a través de dividendos a las sociedades de más arriba o controladoras”.

Según explica, la figura de las sociedades cascada en sí misma no es ilegal ni fraudulenta y si bien cuenta con varias ventajas, “está el riesgo permanente de que se generen conflictos de interés, principalmente a través de operaciones entre empresas relacionadas que beneficien directamente o en mayor proporción al controlador en desmedro de los accionistas minoritarios, a lo que se suma lo complejo que se torna para el regulador realizar una efectiva fiscalización”.

Cabello dice que es prematuro “anticipar conclusiones sobre los objetivos que pudo haber perseguido su principal orquestador, pero sí se puede señalar que este modelo posee conocidas ventajas, como ejercer el control vía indirecta de la empresa productiva con un porcentaje muy bajo de su propiedad, levantar capital fresco con cada nueva sociedad que se crea sin perder el manejo de la empresa productiva, optimizar la carga tributaria y otras orientadas a llevar un mejor control de los negocios y riesgos asociados”.

Sobre su origen, Cabello indica que este esquema no nace en Chile, sino que en Estados Unidos “en un contexto económico que intentaba evitar la legislación “anti trust” creada para fomentar la competencia y eficiencia del mercado”.

En el caso de Chile, el problema radica “en la concentración de propiedad, lo que no ocurre en Estados Unidos e Inglaterra donde está muy atomizada, por lo que no se presenta este tipo de conflicto de interés”, según Cabello.

En la situación puntual de SQM, la única empresa productiva del grupo ya que las otras son de “papel”, lo que se está indagando es el eventual remate de acciones de las sociedades de más abajo (Oro Blanco Norte Grande, Calichera, entre otras) y que fueron adquiridas por los controladores que después las habrían transado a un precio superior para obtener ganancias que se quedarían en la cúspide de la pirámide. Los accionistas minoritarios son los perdedores.

En el caso de las corredoras de bolsa que actúan como intermediarias en el mercado bursátil se está evaluando si actuaron de acuerdo a las exigencias legales. El tema pasa por definir si las responsabilidades son individuales o de estas sociedades en su conjunto.

En cuanto a las AFP, Fernando Cabello señala que “lo que se sabe es que suman posiciones en estas sociedades por una cifra aproximada de 757 millones de dólares, evidentemente con ahorros de todos los trabajadores chilenos y su rol es administrar los fondos, lo que implica resguardar sus intereses”.

Pero en los hechos, Cabello enfatiza que “no se debe desconocer que la formulación de cargos de la SVS se gatilla por denuncias de las AFP Hábitat, Cuprum y Provida, a la que se sumaron el fondo de inversiones Moneda y un accionista minoritario”.

No obstante, piensa que este solo hecho no es base suficiente para juzgar la eficacia con que ejercen su rol y pone un ejemplo: “Cuando por los medios nos enteramos de un importante decomiso de drogas, es legítimo preguntarse ¿cuánto contrabando habrá pasado sin ser advertido? En el mercado de valores, podemos hacer la misma pregunta”.

Cabello también cree que no se puede juzgar el rol de la Superintendencia de Valores y Seguros, porque “es conocido el hecho de que las sociedades cascadas a través de las cuales se controla SQM siempre han generado suspicacia en la SVS y sería aventurado o especulativo preguntarse ¿por qué no se arribó a un proceso judicial anteriormente?”.

Ahora bien, la esencia de este caso según Cabello, tiene que ver con lo que se conoce como extracción de valor, “porque en este tipo de estructura corporativa es más común que se generen conflictos de interés, principalmente a través de transacciones entre empresas relacionadas a precios que difieren a los de mercado, lo que en la práctica genera transferencia de valor de una sociedad a otra”, generando eventuales daños a los minoritarios.

GOBIERNOS CORPORATIVOS

El debate no sólo gira alrededor de las consecuencias del caso cascada para los involucrados y el mercado bursátil.

Sigue pendiente la necesidad de fortalecer los gobiernos corporativos a partir de lo vulnerable que es la supervisión de cualquier mercado y como dice Fernando Cabello, “los problemas de calidad e independencia de firmas auditoras y clasificadoras de riesgo”.

En otras palabras los mecanismos internos que garanticen a todos un reparto más o menos equitativo, junto con mayor transparencia en la información, controles internos y fiscalización externa.

“Transcurrieron años sin que ninguno de los actores responsables de otorgar confianza al mercado advirtieran las irregularidades”, afirma el experto en materia de gobiernos corporativos.

Sin embargo, Cabello cree que ha habido avances a través de diversas leyes que en general “han introducido flexibilidad, adecuaciones, integración y mejoras al mercado de capitales”.

También recuerda que a partir del Caso la Polar, “la SVS en noviembre de 2011 emite la Norma de Carácter General 341 que exige a las sociedades anónimas abiertas que informen y publiquen los estándares de gobiernos corporativos, pero a juzgar por los hechos, queda la sensación que ninguna norma es suficiente”.

Cabello sostiene a partir de este caso se revive la discusión entre quienes desean más regulación y los que apuestan por “auto regularse”.

A su juicio una de las preguntas claves es “si nuestra cultura corporativa está a la altura de los estándares éticos mínimos en cuanto a transparencia y responsabilidad social que hoy más que nunca demandan los grupos de interés”.

Publicar Comentarios

Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. Su correo es confidencial, en ningún evento será publicado.

*
*
*