Desde que estalló el caso La Polar en junio de 2011, trascendidos de prensa han dado cuenta de cómo se fraguó uno de los fraudes más grande conocido hasta ahora en Chile.
Al enérgico repudio manifestado por el gobierno y autoridades económicas, siguieron las investigaciones que llevara por una parte la comisión investigadora de la cámara de diputados y por otro la fiscalía centro norte.
Las conclusiones a las que arrimara la citada comisión son contundentes, que en síntesis, junto con determinar culpabilidad directa de ejecutivos y directores, en particular los que integraban el comité de directores de empresas La Polar, da cuenta de responsabilidades compartidas entre agentes y reguladores del mercado, quedando en evidencia lo débil, insuficiente y poco confiable que demostró ser nuestro sistema de supervisión financiera y de defensa del consumidor, afectando con ello gravemente la confianza en los mercados y sus agentes.
En cuanto a la investigación de la fiscalía centro norte, se mantiene gran expectación de la formalización que se realizará este 14 diciembre contra ex ejecutivos de La Polar por infracciones a la Ley de Mercado de Valores, como el uso de información privilegiada y entrega de información falsa al mercado, junto con faltas a Ley General de Bancos, operaciones ilícitas tras lo cual se habría configurado el delito de lavado de activos, en los casos específicos del ex gerente general y ex presidente de la compañía Pablo Alcalde, la ex gerente corporativo de administración María Isabel Farah y el ex gerente corporativo de productos financieros Julián Moreno.
Más allá de las penas de cárcel efectiva que arriesgan estos ejecutivos, que podrían ir desde 10 hasta 15 años, se mantiene la incertidumbre a eventuales cambios en la legislación vigente para perfeccionar el funcionamiento del mercado y los gobiernos corporativos de las empresas y la lección del caso que puedan sacar empresarios, directores y ejecutivos.
Para la autoridad queda planteado el desafío de evaluar al menos la capacidad y efectividad en la vigilancia del mercado, suficiencia del marco normativo vigente y la calidad e independencia de las firmas auditoras y clasificadoras de riesgos.
El otro reto es para empresarios, directores y administradores de quienes se espera como mínimo competencia, ética y probidad, atributos esenciales para la creación de valor sustentable en los negocios.